La presencia tanto de grupos armados ilegales como del crimen organizado, en la zona transfronteriza de Ecuador y Colombia, ha provocado diversas consecuencias humanitarias, especialmente contra los cerca de 29.000 integrantes de la gran familia Awá que habitan en la zona (unos 23.165 indígenas en territorio colombiano y 5.524 en el ecuatoriano).
Así se advierte en la primera Alerta Temprana Binacional que emite la Defensoría del Pueblo de Colombia, en este caso, con la Defensoría del Pueblo de Ecuador, para prevenir las violaciones de derechos y proteger a las personas y comunidades pertenecientes a la gran familia Awá, quienes además de ser sujetos de especial protección constitucional, cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, (Medida Cautelar No. 61/11). Cabe recordar que en Colombia la Corte Constitucional reconoció que este pueblo está en riesgo de exterminio por cuenta del conflicto armado.
El Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis, y el Defensor del Pueblo de Ecuador, César Córdova Valverde, entregaron un documento que resultó del trabajo conjunto del colombiano Sistema de Alertas Tempranas (SAT), y el ecuatoriano Sistema de Alerta y Respuesta Temprana (SART).
En dicha alerta se destaca que, en la actualidad, la presión y el auge de las actividades ilícitas que ejercen las disidencias de las FARC, el ELN y grupos de crimen organizado causan que las comunidades de la gran familia Awá sean víctimas de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; ataques contra la vida e integridad física de los líderes y miembros de las comunidades awá; accidentes derivados de la contaminación del territorio por minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados; además de desplazamientos forzados y confinamientos.
Carlos Camargo Assis llamó la atención sobre el reclutamiento forzado de niños, niños y adolescentes durante el último año, especialmente en la región de Tayambí (Colombia) y Chical (Ecuador), dado que, según reporta la comunidad, cada mes se estarían reclutando entre 7 y 8 jóvenes del pueblo Awá.
También que, desde agosto de 2022 hasta la fecha, con base en la información del Observatorio de Derechos Humanos de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) han sido asesinados 14 indígenas awá. Se reportaron más de 10.000 víctimas de confinamiento y desplazamiento forzado, que representan aproximadamente el 50% de la población total awá y otros hechos como amenazas, intimidaciones, torturas, reclutamiento forzado y enfrentamientos.
“Las presiones a las comunidades indígenas y afrodescendientes que imponen los actores armados, aprovechando su influencia y los férreos ejercicios de control territorial y poblacional, dificultan su desarrollo comunitario. Por eso, recomendamos, entre otras cosas, al Ministerio del Interior de Colombia y al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos de Ecuador, con el acompañamiento de las Cancillerías de ambos países, que se tramite de manera inmediata la presente Alerta Temprana ante las autoridades de ambos países para la protección integral, atención humanitaria, mitigación de vulnerabilidades y fortalecimiento de capacidades del pueblo awá”, explicó Carlos Camargo Assis.
“La alerta binacional presentada el día de hoy tiene como objetivo verificar la situación de derechos de nuestros pueblos transfronterizos y en el caso ecuatoriano evidenciar, entre otras, las afectaciones incidentales fruto del conflicto armado de la hermana República de Colombia y las condiciones actuales de nuestro pueblo que les impide ejercer plenamente los derechos humanos. Entre otros, el elemento de la seguridad humana, derechos económicos, sociales y culturales y el acceso a servicios públicos, han sido la guía para verificar la situación actual de la nacionalidad Awá”, dijo César Córdova Valverde.
Este esfuerzo institucional, aseguró el Defensor del Pueblo de Ecuador, busca ahondar en aquella información que sea útil para el Estado en la detección las principales amenazas, las condiciones de vulnerabilidad de nuestros sujetos de derechos y las capacidades institucionales y sociales que existen para contrarrestar las amenazas a nuestra población.
Fuente. Defensoría del Pueblo de Colombia